Venezuela sin Maduro

A primera hora del 3 de enero, la operación estadounidense en Caracas marcó un punto de inflexión que ya forma parte del manual de crisis internacionales del siglo XXI. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos no solo cerró un ciclo político en Venezuela, sino que abrió un escenario de enorme complejidad estratégica, jurídica y regional que difícilmente puede explicarse con categorías clásicas como “cambio de régimen” o “intervención humanitaria”. Lo ocurrido no es el final de la historia venezolana, sino el inicio de una fase más incierta, con más actores, más riesgos y menos certezas.

La imagen de Maduro trasladado fuera del país, enfrentándose ahora a cargos federales en Nueva York, tiene un impacto simbólico evidente. Durante años fue presentado por Washington como un autócrata intocable, blindado por las Fuerzas Armadas, por el aparato de inteligencia y por alianzas internacionales con Rusia, Irán o Cuba. Sin embargo, la facilidad con la que se ejecutó la operación sugiere que el régimen llevaba tiempo erosionado por dentro. No se explica una extracción de ese calibre sin algún grado de cooperación interna, pasiva o activa. Eso no implica un colapso automático del chavismo, pero sí confirma que su cohesión ya no era la de antaño.

El poder en Venezuela no desapareció con Maduro. El entramado institucional construido durante más de una década sigue operativo. El control del ejército, de los servicios de seguridad y de buena parte de la administración permanece en manos del mismo bloque político, ahora encabezado formalmente por Delcy Rodríguez. En términos estrictos, el Estado venezolano no ha sido desmantelado; ha sufrido una decapitación política. Y la historia comparada demuestra que este tipo de escenarios son inherentemente inestables: el liderazgo cambia, pero las lógicas de poder permanecen, al menos en el corto plazo.

Desde Washington, el mensaje ha sido deliberadamente duro. Donald Trump no solo reivindicó la operación como un éxito, sino que dejó claro que está dispuesto a repetirla si el nuevo liderazgo venezolano no coopera. Más aún, habló sin ambages de que Estados Unidos “dirigirá el país” durante un periodo indefinido. En clave estratégica, esto equivale a anunciar un protectorado de facto, aunque sin asumir formalmente los costes políticos y legales que ese término implica. El objetivo central parece claro: garantizar el control y la reapertura del sector petrolero venezolano bajo condiciones favorables a intereses estadounidenses.

Esta aproximación no es nueva. Ya en 2025, Maduro había tanteado un acuerdo de este tipo, ofreciendo acceso preferente al petróleo a cambio de alivio de sanciones y supervivencia política. Entonces, Trump rechazó el gesto. Maduro se había convertido en un activo tóxico, una figura demasiado asociada al fracaso económico, a la represión y al narcotráfico como para ser reciclada. Con su salida de escena, Washington considera que el problema de imagen está resuelto, incluso si los interlocutores siguen siendo, en esencia, los mismos.

La pregunta clave es hasta qué punto el nuevo liderazgo venezolano está dispuesto —y es capaz— de aceptar las condiciones estadounidenses. Para Delcy Rodríguez y su entorno, un acuerdo que preserve cuotas de poder internas y evite una purga masiva puede resultar atractivo. Entregar parte del control del sector petrolero a cambio de estabilidad y reconocimiento internacional podría verse como un mal menor. Sin embargo, dentro del chavismo existen sectores que perciben cualquier cesión como una traición histórica, y que podrían optar por la resistencia, incluso armada, si sienten amenazada su supervivencia.

En ese contexto, la amenaza de una invasión terrestre ya no parece retórica. Desde el punto de vista militar, la operación en Caracas demostró la abrumadora superioridad estadounidense y la limitada capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero una cosa es entrar y salir con rapidez, y otra muy distinta es ocupar y gobernar un país de grandes dimensiones, con más de 28 millones de habitantes, profundas fracturas sociales y una proliferación de grupos armados irregulares. El riesgo de una fragmentación del poder y de un escenario de violencia prolongada es real.

Venezuela reúne muchos de los ingredientes que convierten una ocupación extranjera en una pesadilla estratégica: territorios de difícil control, economías ilícitas consolidadas, presencia de actores armados transnacionales y una población exhausta pero no necesariamente cohesionada en torno a un proyecto común. La caída del Estado central podría abrir la puerta a dinámicas de tipo guerrillero, con la posible implicación de grupos colombianos y redes criminales ya activas en el país. Para Estados Unidos, el coste de gestionar ese escenario sería muy superior al de la operación inicial.

En el plano social, la reacción venezolana es ambivalente. El rechazo a Maduro era mayoritario y profundo, alimentado por una década de colapso económico sin precedentes en la región. La pérdida de cerca del 75% del PIB, la emigración de más de ocho millones de personas y el deterioro extremo de los servicios básicos dejaron a la sociedad al límite. En ese contexto, la salida de Maduro genera alivio y, en algunos casos, celebración. Pero ese alivio convive con el miedo a lo que viene después. El recuerdo de intervenciones fallidas en otros países pesa, y la idea de un país administrado desde el exterior despierta recelos incluso entre quienes deseaban un cambio.

La posibilidad de una recuperación económica rápida es uno de los argumentos centrales de quienes defienden un acuerdo con Washington. Con inversiones masivas, acceso a tecnología y levantamiento de sanciones, Venezuela podría aumentar significativamente su producción petrolera y experimentar varios años de crecimiento elevado. En términos macroeconómicos, el potencial existe, y algunos cálculos apuntan a que el PIB per cápita podría multiplicarse en una década. Pero crecimiento no equivale automáticamente a democracia.

Aquí reside una de las cuestiones más delicadas del nuevo escenario. Un gobierno que gestione una recuperación económica bajo el paraguas estadounidense tendría grandes incentivos para perpetuarse en el poder, organizando elecciones en condiciones favorables y limitando la competencia real. La democracia no se mide solo por la existencia de comicios, sino por la capacidad efectiva de alternancia, por la protección de las minorías políticas y por la independencia de las instituciones. Nada de eso está garantizado en un modelo donde el poder último emana de una potencia extranjera.

La oposición venezolana sale especialmente debilitada de este proceso. María Corina Machado había construido su estrategia sobre el respaldo internacional, particularmente el estadounidense. Sin una estructura armada ni control territorial, su fuerza residía en el apoyo popular y en la presión externa. Las declaraciones de Trump cuestionando su capacidad para liderar el país suponen un golpe estratégico de primer orden. Washington ha dejado claro que no la considera una interlocutora prioritaria, y que prefiere negociar con quienes ya controlan el aparato del Estado.

Las opciones de la oposición se reducen drásticamente. Puede intentar reorganizarse y prepararse para futuras elecciones, cuya fecha y condiciones son inciertas, o insistir en la defensa del marco constitucional y en la denuncia de cualquier acuerdo que perpetúe al chavismo bajo otra forma. En ambos casos, su margen de maniobra es limitado mientras Estados Unidos mantenga el control efectivo del proceso de transición.

A nivel regional, la operación ha generado una reacción contenida pero significativa. Gobiernos de derecha han expresado apoyo o comprensión, mientras que los de izquierda han condenado la intervención. Más revelador es el rechazo de líderes de centroizquierda que habían sido críticos con Maduro, como Lula da Silva o Gabriel Boric. Para ellos, el precedente es peligroso: la violación abierta del principio de soberanía y autodeterminación debilita un orden internacional ya frágil y deja a todos los países más expuestos a la ley del más fuerte.

Europa, por su parte, ha optado por la cautela. Las declaraciones han sido medidas, envueltas en lenguaje diplomático, evitando una confrontación directa con Washington. En un contexto de tensiones comerciales y dependencia estratégica, pocos gobiernos europeos están dispuestos a pagar el precio de un enfrentamiento abierto con Trump, incluso si internamente existen profundas reservas sobre la legalidad y legitimidad de la operación.

El gran dilema para Estados Unidos es qué hacer ahora. Instalar de inmediato a la oposición podría provocar ingobernabilidad y un conflicto abierto con sectores armados del antiguo régimen. Mantener indefinidamente a los herederos del chavismo, a cambio de concesiones económicas, traicionaría las aspiraciones democráticas de millones de venezolanos y alimentaría un profundo resentimiento social. La opción menos mala pasa por algún tipo de acuerdo de convivencia, con garantías para todas las partes y un calendario creíble de reformas políticas. Pero la experiencia demuestra que este tipo de procesos rara vez prosperan cuando nacen de una intervención militar.

El riesgo final es que la operación quede definida exclusivamente por el petróleo. Si la narrativa dominante es que Estados Unidos actuó para apropiarse de los recursos venezolanos, el rechazo social será inevitable, incluso entre quienes celebraron la caída de Maduro. La oposición podría quedar deslegitimada por asociación, y el país podría entrar en una nueva fase de dependencia y frustración. El objetivo declarado durante años fue liberar a Venezuela del autoritarismo y devolverle la soberanía a sus ciudadanos. El escenario que se perfila amenaza con ofrecer exactamente lo contrario: un país formalmente posmadurista, pero políticamente tutelado y estructuralmente subordinado.