En Groenlandia, en lugar de comentar lo impensable, los europeos deberían actuar

Europa observa la secuencia con una mezcla incómoda de sorpresa, escepticismo y una peligrosa tentación al autoengaño. La posibilidad de que Estados Unidos avance hacia una apropiación de facto —o incluso de iure— de Groenlandia se comenta en voz baja en cancillerías y despachos, como si verbalizarlo en exceso pudiera convertir lo impensable en real. Algunos líderes lo descartan como una provocación retórica más; otros prefieren refugiarse en tecnicismos jurídicos o en la idea tranquilizadora de que, entre aliados, ciertas líneas nunca se cruzan. Ese marco mental es comprensible, pero estratégicamente insostenible. En política internacional, lo que no se afronta a tiempo acaba imponiéndose por la vía de los hechos consumados.

Groenlandia no es un territorio marginal ni una anomalía cartográfica congelada en el Ártico. Forma parte del Reino de Dinamarca y, como tal, se inscribe en el ecosistema institucional europeo. Es uno de los países y territorios de ultramar asociados a la Unión Europea, y su población, con una identidad propia y un alto grado de autogobierno, está amparada por el mismo principio que Bruselas invoca de forma recurrente en otros escenarios: la integridad territorial y el respeto a la soberanía. Renunciar a esa premisa en Groenlandia tendría consecuencias que irían mucho más allá del Atlántico Norte. Socavaría de raíz la credibilidad europea cuando defiende, por ejemplo, la inviolabilidad de las fronteras de Ucrania frente a la agresión rusa. La coherencia no es un lujo moral; es un activo estratégico.

El problema para Europa es que el debate se produce en un contexto en el que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump en su segundo mandato, ha demostrado una notable continuidad entre discurso y acción. Durante años, en círculos diplomáticos se le describió como un dirigente impulsivo, más proclive a la fanfarronería que a la ejecución. Esa lectura quedó obsoleta en 2025. Washington intervino militarmente en varios escenarios con justificaciones diversas pero un denominador común: la afirmación unilateral de intereses estadounidenses. Las operaciones contra los hutíes en Yemen para asegurar rutas comerciales, los ataques a infraestructuras nucleares iraníes en nombre de la estabilidad regional o las acciones contra células del Estado Islámico en Siria y Nigeria fueron precedidas, en mayor o menor medida, por anuncios públicos. También lo fue la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, presentada como una acción extraordinaria en la lucha contra el narcotráfico. El mensaje implícito es claro: cuando Trump fija un objetivo estratégico, la probabilidad de que lo persiga es alta.

Groenlandia encaja perfectamente en esa lógica. Desde el primer mandato de Trump, la isla ha sido presentada como un activo geopolítico clave para Estados Unidos. No se trata solo de su posición en el Ártico, cada vez más relevante por el deshielo y las nuevas rutas marítimas, ni de sus recursos minerales estratégicos. Estados Unidos ya dispone allí de una base militar de gran importancia en Pituffik, esencial para su sistema de alerta temprana y su proyección en el hemisferio norte. La novedad no es el interés, sino el método. Lo que en 2019 se formuló como una hipotética compra hoy se plantea, de forma mucho más explícita, como una adquisición por la vía de la presión política y estratégica, con un calendario definido.

Para la Unión Europea, el dilema es profundo. El artículo 42.7 del Tratado de la Unión establece una cláusula de defensa mutua en caso de agresión a un Estado miembro. Sin embargo, la arquitectura real de la seguridad europea descansa en la OTAN, una alianza en la que Estados Unidos es, con diferencia, el actor dominante. Si Washington forzara la situación en Groenlandia sin una respuesta europea clara, la OTAN dejaría de ser una alianza entre iguales para convertirse en una estructura jerárquica en la que los intereses del más fuerte prevalecen sin contrapeso. La consecuencia práctica sería una Europa convertida en un protectorado estratégico, dependiente no solo militarmente, sino también políticamente.

Existe además un riesgo menos visible pero igual de corrosivo: la normalización de la dependencia. Europa lleva décadas beneficiándose del paraguas de seguridad estadounidense, lo que ha permitido posponer decisiones difíciles en materia de defensa y autonomía estratégica. Cada concesión no contestada refuerza la percepción de que el coste de imponer hechos consumados a la Unión es asumible. En ese escenario, no solo Estados Unidos, sino otros actores con ambiciones revisionistas, podrían sentirse tentados a poner a prueba los límites europeos.

Frente a este panorama, la inacción no es neutral. Comentar lo impensable sin actuar equivale a aceptarlo tácitamente. La diplomacia no consiste únicamente en gestionar consensos, sino también en establecer líneas rojas creíbles. La primera de ellas debería ser política y simbólica: una declaración inequívoca del Consejo Europeo reafirmando la integridad territorial de Groenlandia, del Reino de Dinamarca y, por extensión, de la Unión Europea. No un comunicado ambiguo, sino un posicionamiento que no deje margen a interpretaciones creativas.

La segunda línea pasa por el terreno diplomático coercitivo. Europa dispone de instrumentos para señalar que ciertas iniciativas no serán toleradas. Impedir el acceso al territorio europeo de enviados especiales designados para promover una agenda contraria a la soberanía de un territorio asociado sería una señal clara de que el asunto no se considera una negociación bilateral, sino un desafío al conjunto de la Unión.

La tercera dimensión, más sensible pero también más disuasoria, es la presencia sobre el terreno. Con el consentimiento de las autoridades groenlandesas, el despliegue de capacidades militares europeas, incluso limitadas y de carácter defensivo, alteraría de inmediato el cálculo estratégico estadounidense. No se trataría de militarizar el conflicto, sino de introducir un factor de responsabilidad compartida. La disyuntiva sería entonces explícita: avanzar implicaría enfrentarse, aunque sea políticamente, a fuerzas de Estados aliados; retroceder supondría admitir que existen límites que no conviene cruzar.

Es previsible que una postura europea firme genere represalias, ya sean comerciales, tecnológicas o digitales. Pero Europa no está desprovista de herramientas. El mercado interior, la regulación de servicios digitales y los instrumentos contra la coerción económica ofrecen márgenes de respuesta significativos. Asumir cierto coste a corto plazo puede ser el precio necesario para preservar la capacidad de decisión a largo plazo.