La ambición de Stephen Miller

Stephen Miller estaba indignado. Apenas habían transcurrido unas semanas desde que Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente, y Miller, ahora en una posición de poder aún más consolidada como jefe adjunto de personal de la Casa Blanca, estaba convencido de que la maquinaria federal no estaba actuando con la suficiente rapidez para implementar las políticas migratorias que él consideraba esenciales para el país. En una serie de reuniones intensas, correos electrónicos y conversaciones telefónicas, Miller se lanzó contra lo que percibía como una burocracia ineficiente, reprendiendo a funcionarios de nivel medio y bajo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según un exfuncionario del departamento, Miller llegó a sugerir que la única manera de garantizar el cumplimiento de las nuevas directrices migratorias era ejecutarlas sin contemplaciones, incluso si eso implicaba medidas drásticas como intensificar las detenciones masivas de migrantes indocumentados en lugares cotidianos como supermercados, obras de construcción o estaciones de servicio.

Esta no era la primera vez que Miller mostraba su fervor por reformar el sistema migratorio. En 2017, durante el primer mandato de Trump, sus esfuerzos por imponer una política de separación familiar en la frontera se encontraron con una resistencia significativa. En aquel entonces, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, un general retirado con la autoridad del Senado, había dado instrucciones claras a los funcionarios del DHS: cualquier orden proveniente de Miller debía ser ignorada a menos que él mismo la aprobara. Kelly, con su experiencia militar y su enfoque jerárquico, actuaba como un freno a las ambiciones de Miller, quien, a pesar de su influencia en la Casa Blanca, carecía de la autoridad formal para imponer sus deseos.

Ocho años después, en mayo de 2025, la dinámica había cambiado radicalmente. Miller, ahora con un control más firme sobre las operaciones del gobierno, visitó la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Washington. Allí, según fuentes internas, expresó su frustración por lo que consideraba una aplicación insuficiente de las leyes migratorias. En un tono que algunos describieron como intimidante, instó a los funcionarios a abandonar las listas selectivas de objetivos criminales, como miembros de pandillas, y a centrarse en operativos más amplios y visibles. Propuso redadas en lugares como los estacionamientos de Home Depot, donde los jornaleros suelen esperar trabajo, o en tiendas de conveniencia como 7-Eleven, donde los migrantes indocumentados podrían ser fácilmente localizados. Esta vez, a diferencia de 2017, sus órdenes no encontraron oposición significativa. El ICE respondió con una escalada sin precedentes en sus operaciones, llevando a cabo redadas en fábricas, restaurantes y vecindarios de todo el país. En algunos días, las detenciones superaron las 2,000 personas, un ritmo que no se había visto en décadas.

El impacto de estas acciones no tardó en hacerse sentir. A principios de junio, una redada masiva en el barrio de Westlake, en Los Ángeles, desató protestas masivas que rápidamente se salieron de control. La respuesta del gobierno fue igualmente contundente: Trump autorizó el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y marines en la ciudad, una decisión que chocó directamente con las objeciones del gobernador de California, Gavin Newsom. La escalada, desde las redadas iniciales hasta la militarización de la respuesta, fue en gran medida orquestada por Miller, cuya influencia en la Casa Blanca parecía ahora casi absoluta.

La ascensión de Miller al epicentro del poder en el segundo mandato de Trump es un fenómeno que merece atención. Kristi Noem, la actual secretaria de Seguridad Nacional, parece operar bajo la sombra de Miller, acompañándolo en visitas clave como la del ICE y siguiendo sus directrices sin cuestionarlas. Un asesor cercano a Trump señaló con franqueza: “En el DHS, es Stephen quien realmente toma las decisiones”. Incluso en el Departamento de Justicia, la fiscal general Pam Bondi, más enfocada en sus apariciones mediáticas que en la gestión diaria, ha permitido que Miller asuma un rol de liderazgo efectivo, lo que lo ha convertido, en palabras del jurista conservador Edward Whelan, en el “fiscal general de facto”. En una Casa Blanca donde la jefa de gabinete, Susie Wiles, parece más interesada en la producción de un espectáculo mediático que en los detalles de la política, Miller ha emergido como la figura que no solo interpreta los deseos de Trump, sino que los traduce en acciones concretas.

La narrativa predominante sobre el segundo mandato de Trump es que, a diferencia del primero, el presidente opera sin restricciones significativas, rodeado de aliados leales y con una burocracia menos dispuesta a desafiarlo. Esta caracterización aplica aún más a Miller. A sus 39 años, se ha convertido en el arquitecto principal de la agenda de Trump, con una influencia que trasciende las cuestiones migratorias para abarcar temas como la educación superior, los derechos de las personas transgénero, la legislación antidiscriminación y hasta ciertos aspectos de la política exterior. Con la aprobación reciente de un proyecto de ley que amplía significativamente el presupuesto del ICE, Miller cuenta con los recursos para ejecutar su visión de una política migratoria de mano dura, transformando al ICE en lo que algunos críticos han descrito como su “ejército personal”.

La trayectoria de Miller es, en muchos sentidos, una historia de tenacidad ideológica y habilidad burocrática. Nacido en una familia acomodada de demócratas judíos en Santa Mónica, California, Miller se forjó desde joven como un provocador conservador. En la escuela secundaria, su campaña para el gobierno estudiantil incluyó críticas abiertas al trabajo de los conserjes, un episodio que, aunque menor, reveló su disposición a desafiar las normas establecidas. Fue en California donde Miller desarrolló su crítica central: que la migración masiva estaba transformando a Estados Unidos en un estado fallido, empujando la política hacia la izquierda de manera irreversible. Esta convicción, articulada años después, se convirtió en el núcleo de su ideología. Como explicó Christopher Rufo, un activista conservador que también creció en California, Miller ve la migración como un motor de cambio político que amenaza con alterar el equilibrio de poder en el país. Para él, la historia no es un camino unidireccional hacia la izquierda, sino un péndulo que puede, y debe, ser empujado hacia la derecha.

Tras graduarse de la Universidad de Duke, Miller trabajó como asesor en el Capitolio antes de unirse a la campaña presidencial de Trump en 2016, donde se convirtió en el principal redactor de discursos del candidato. Su rol creció tras la victoria de Trump, cuando asumió la tarea de diseñar la política migratoria del gobierno. Sin embargo, sus ambiciones se toparon con obstáculos constantes durante el primer mandato. Los tribunales bloquearon su primera versión de la prohibición de entrada a ciudadanos de ciertos países musulmanes, una medida que redactó junto a Steve Bannon. Sus propuestas para congelar las solicitudes de asilo, involucrar al FBI en redadas migratorias o convertir la Bahía de Guantánamo en un centro de detención fueron resistidas por funcionarios que las consideraban inviables o ilegales. Estas derrotas, lejos de disuadirlo, parecieron fortalecer su determinación.

Cuando Trump dejó el cargo en 2021, Miller no se retiró al sector privado como muchos de sus colegas. En cambio, fundó America First Legal, una organización diseñada para contrarrestar lo que él percibía como un avance de políticas progresistas bajo la administración de Joe Biden. Inspirándose en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, pero desde una perspectiva conservadora, Miller utilizó America First Legal para lanzar una serie de demandas contra políticas de diversidad, equidad e inclusión, así como contra medidas que buscaban ampliar los derechos de voto o apoyar a comunidades marginadas. Su estrategia era clara: utilizar el sistema judicial para frenar lo que él consideraba una agenda izquierdista, a menudo presentando casos en distritos judiciales conservadores, como el Distrito Norte de Texas, donde sabía que los jueces serían más receptivos a sus argumentos.

El regreso de Trump a la presidencia en 2025 marcó un punto de inflexión para Miller. Armado con las lecciones de los fracasos del primer mandato, se aseguró de colocar a aliados leales en puestos clave, no solo en el DHS y el ICE, sino también en departamentos como el de Estado, Salud y Servicios Humanos, y Educación, donde los funcionarios podrían influir en la política migratoria de manera indirecta. Junto a Gene Hamilton, un abogado de America First Legal que se unió brevemente a la Casa Blanca, Miller inspiró una serie de órdenes ejecutivas que reflejaban su visión expansiva: desde la eliminación de programas de diversidad en el gobierno federal hasta la derogación de regulaciones de eficiencia energética y la redefinición del reconocimiento federal de solo dos géneros.

En el ámbito migratorio, Miller ha ido más lejos que nunca. Una de sus propuestas más audaces fue invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, una medida que ha generado controversia por su falta de debido proceso. Aunque los tribunales han cuestionado la legalidad de estas deportaciones, Miller ha argumentado que los jueces no tienen autoridad para interferir, una postura que refleja su disposición a desafiar las normas legales tradicionales. Este enfoque recuerda las palabras de un alto funcionario en 2019, quien describió el estilo de Trump como uno que priorizaba la acción inmediata, incluso a riesgo de demandas judiciales, un enfoque que Miller ha perfeccionado en el segundo mandato.

Sin embargo, el poder de Miller no está exento de riesgos. Su capacidad para mantenerse en la cima depende de su habilidad para navegar las dinámicas internas de la Casa Blanca, donde la lealtad a Trump es la moneda de cambio. Miller ha demostrado ser un maestro en este arte, aliándose estratégicamente con figuras como Jared Kushner e Ivanka Trump durante el primer mandato y manteniendo una relación cercana con el presidente. Su disposición a adular a Trump, como cuando elogió públicamente su estrategia económica como la “mayor en la historia” o cuando citó Contacto sangriento como su película favorita, refleja su comprensión de la importancia de la cercanía personal con el presidente.

Aun así, la posición de Miller no es inexpugnable. Su enfoque maximalista en la política migratoria, aunque alineado con los instintos de Trump, ha generado tensiones. Trump, a diferencia de Miller, ha mostrado cierta flexibilidad en el pasado, apoyando visas para trabajadores cualificados o expresando preocupación por el impacto de las redadas en sectores como la agricultura. La reacción pública a las redadas del ICE, que han generado protestas y críticas generalizadas, podría eventualmente forzar una reevaluación. Una encuesta reciente indica que la desaprobación de las políticas migratorias de Trump está en aumento, lo que podría poner presión sobre Miller si su enfoque comienza a percibirse como un lastre político.