¿Qué es lo que busca Trump en Venezuela?

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de desplegar 15.000 efectivos militares en las aguas cercanas a Venezuela ha generado un impacto que supera con creces el valor estrictamente militar del movimiento. No se trata únicamente de una operación que integra el portaaviones más potente del mundo y un arsenal que incluye misiles Tomahawk, ni de la capacidad demostrada para interceptar embarcaciones que considera narcolanchas y neutralizar a sus ocupantes —80 presuntos traficantes hasta ahora, según la información difundida por la propia Administración—. La verdadera clave está en lo que este despliegue significa en el marco de la política exterior de Donald Trump y, más concretamente, en la lectura estratégica que su equipo quiere proyectar al resto de potencias y a su propia opinión pública. La insistencia del presidente estadounidense en vincular a Nicolás Maduro con el llamado Cártel de los Soles y en calificarlo como “narco-terrorista” forma parte de esa narrativa. Lo hace a pesar de que los márgenes de verificación sean escasos y de que el uso de esa terminología esté más orientado a construir un escenario político aceptable para futuras acciones que a describir la estructura criminal real de Venezuela.

“Maduro no es el presidente de Venezuela ni su régimen es un gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cártel de los Soles, una organización narco-terrorista que ha tomado posesión de un país.” Según Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, el 27 de julio de 2025

La llamada telefónica entre Trump y Maduro de la semana pasada ha disparado las especulaciones sobre una posible oferta de exilio seguro, acompañada de garantías de no persecución penal si el mandatario venezolano aceptaba dimitir, entregar el poder a una figura de su entorno y convocar elecciones limpias. Las fuentes públicas disponibles permiten inferir que la probabilidad de que el régimen acepte un acuerdo de ese calibre es mínima, tanto por la dinámica interna del chavismo como por la lógica de supervivencia que ha guiado al entorno de Maduro durante años. No obstante, la filtración de la posibilidad ha logrado un efecto político inmediato: instalar la idea de que Trump está dispuesto a intervenir en la arquitectura interna venezolana incluso antes de definir el instrumento que utilizaría. Y ahí es donde empieza el verdadero debate: qué está buscando exactamente el presidente estadounidense.

El primer dato relevante es numérico: 15.000 soldados no sirven para controlar un territorio del tamaño de Venezuela. Tampoco encajan con una operación diseñada únicamente para interceptar narcolanchas. El volumen de efectivos y el tipo de despliegue sugieren un objetivo intermedio —demostración de fuerza, presión coercitiva o preparación de una maniobra futura— más que una acción militar clásica. La pregunta que atraviesa todos los análisis es por qué Trump parece tan decidido a que “algo” ocurra en Venezuela, incluso hasta el punto de contemplar un cambio de régimen.

Para responder a esa pregunta, es necesario entender la matriz conceptual que ordena la política exterior de Trump. Su visión de las relaciones internacionales retoma la lógica decimonónica de las esferas de influencia. Según esa idea, las grandes potencias tienen derecho a controlar política y económicamente a los países de su entorno estratégico sin que rivales externos intervengan. En la tradición estadounidense, esa premisa cristalizó en la doctrina Monroe, que en su formulación original sostenía que Europa no podía influir en América tras la independencia de los Estados del continente. Con el tiempo, ese principio evolucionó hacia algo más explícito: solo Estados Unidos tiene derecho a hacerlo.

Trump asume esa lectura. Para él, Estados Unidos debe mantener un control directo sobre la política de todo el continente americano, ya sea mediante presión económica, influencia electoral o injerencia diplomática. Su historial reciente encaja con esta lógica: la exploración de la posibilidad de anexionarse Groenlandia o Canadá, la imposición de medidas internas en Panamá, la intervención indirecta en elecciones como las de Argentina o Honduras y su disposición en casos extremos a promover cambios de régimen. Al mismo tiempo, Trump acepta que otras potencias —Rusia y China, en su esquema mental las dos únicas que operan a su misma altura— actúen de la misma manera en sus respectivas áreas de influencia. Bajo esa premisa, considera que Putin tiene derecho a definir las fronteras de Ucrania, controlar Bielorrusia, intervenir en Georgia o Moldavia y ejecutar ataques híbridos en regiones que percibe como un riesgo para sus intereses. De forma similar, admite que Xi puede reclamar Taiwán y actuar en Hong Kong, Nepal o las islas del Mar del Sur.

Esta visión imperialista de las relaciones internacionales, sustentada en la fuerza y en la legitimidad que otorga el nacionalismo territorial, es la que explica en gran medida la obsesión de Trump por Venezuela. La dictadura venezolana es real, su degradación institucional es evidente y la corrupción sistémica está documentada. El punto culminante del deterioro fue el fraude electoral masivo del verano pasado, que cerró cualquier posibilidad de transición interna ordenada. Sin embargo, estos elementos no bastan para justificar el volumen de recursos que Estados Unidos ha desplegado. Trump no acostumbra a involucrarse en conflictos para defender valores democráticos o derechos humanos. Lo que está en juego aquí son otras variables: la agenda interna, el petróleo y China.

En el plano doméstico, Venezuela funciona como una pieza útil dentro de tres discursos prioritarios para Trump: la guerra contra las drogas, la política migratoria y la denuncia constante de supuestos proyectos antidemocráticos asociados a la izquierda. Aunque Venezuela no es un emisor masivo de drogas ni de inmigrantes hacia Estados Unidos, una operación militar serviría para reforzar el mensaje de que el Gobierno utiliza la fuerza exterior para defender sus prioridades internas. En ese sentido, Venezuela opera más como símbolo que como amenaza real.

El segundo vector es energético. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo, pero su industria produce la mitad de lo que generaba antes de que Maduro asumiera el poder y se encuentra prácticamente cerrada a la inversión extranjera. Un cambio de gobierno podría abrir el sector a empresas estadounidenses y provocar un ajuste a la baja del precio global del petróleo, lo que tendría impacto tanto económico como político para Washington en un ciclo electoral intenso.

El tercer elemento es China. El objetivo de Trump de consolidar un control total sobre Latinoamérica pasa por frenar la expansión china en la región. Pekín ha incrementado su presencia mediante inversiones en minería y refinado de tierras raras, compras masivas de productos agrícolas —especialmente soja—, exportación de vehículos eléctricos y un creciente capital político entre gobiernos de izquierdas que buscan alejarse de la influencia estadounidense, como el de Brasil. Venezuela forma parte de ese engranaje: la supervivencia del régimen garantiza a China un aliado dispuesto a recibir inversión, tecnología y respaldo diplomático sin los condicionantes que Estados Unidos suele imponer. Para Trump, revertir esa dinámica es prioritario.

El régimen venezolano es abominable, y nadie que defienda una democracia liberal puede desear su continuidad. Sin embargo, una intervención estadounidense que concluya en la instalación de un gobierno títere sería la peor vía para provocar una transición sólida. La probabilidad de éxito es reducida, los costes diplomáticos serían elevados y un eventual fracaso fortalecería a Maduro, que encontraría nuevas justificaciones para intensificar la represión. La historia reciente demuestra que las intervenciones externas mal calibradas no solo no aceleran la caída de las dictaduras, sino que les proporcionan un enemigo perfecto para sostener su narrativa.